Las dos caras de la revolución

CONTEXTO

Los antiguos griegos imaginaron un dios de dos caras opuestas, una de las cuales miraba al pasado y la otra al futuro. Representaban de esa forma esos períodos de la historia – y de la vida misma – en los cuales el formalismo lógico de una definición no alcanza para transmitir mediante el lenguaje (y las ideas) la turbulencia de lo que fluye, lo que muta y cambia. Con ese mismo dios bifronte simbolizaron también la puerta o paso que está entre dos tiempos, el ayer y el mañana. Siglos más tarde, pensadores revolucionarios comenzaron a llamar de transición a esas épocas, que además de indefinibles están plenas de contradicciones. 

Esas dos caras del dios antiguo reaparecieron en la realidad venezolana cuando el gobierno bolivariano dictó las nuevas medidas cambiarias, a principios de enero.

Mientras se introduce y expande el debate sobre socialismo, mientras se agudiza la confrontación con los yanquis que rodean de amenazas militares a un país que rompió el cerco de la dependencia, mientras el gobierno se niega a imitar las medidas de los países capitalistas para enfrentar la crisis mundial, recortando el presupuesto de inversiones sociales para ajustar el gasto del Estado a la baja de los precios petroleros del último año, mientras se convoca a miles de trabajadores industriales a construir un polo socialista gestionado en forma directa y colectiva por ellos, se responde a las presiones especulativas del mercado con medidas monetaristas. ¿Será posible combatir el capitalismo con sus viejas y melladas armas?

Se impone una reflexión colectiva sobre si en verdad el proceso bolivariano comenzó a cruzar esa puerta y si lo está haciendo en la dirección correcta. 

PARIDAD CAMBIARIA Y DEVALUACIÓN MONETARIA

El gobierno anunció la modificación de la paridad cambiaria vigente, que desde 2005 permaneció prácticamente fija, a razón de 2,15 BsF/dls. A partir de este anuncio se alteró el precio del bolívar fuerte frente al dólar, moneda ésta que, a pesar de la grave crisis estructural de la economía estadounidense y su continua depreciación frente al euro y al clásico patrón oro, aún conserva la primacía en los mercados internacionales, incluido el petrolero, de influencia decisiva en el ingreso nacional.

De la paridad única vigente hasta enero, ahora se pasó a otra que se desdobla en dos franjas: una para los productos de mayor incidencia social, tales como alimentos, productos para la salud y otros, al que podría llamarse dólar social, que será de 2,60 BsF/ dls; la otra, que oficialmente fue denominada dólar petrolero[1], con un costo de 4,30 BsF/dls y alcanza a la mayoría de los rubros, especialmente los importados. Desde el punto de vista económico se trata de una devaluación del orden del 20,9 % y del 100 % respectivamente [2]. Negarlo, como en un primer momento hicieron algunos técnicos que defienden al gobierno, es simplemente sembrar más confusión en el pueblo y facilitarle el camino a los ataques de la derecha.

Sin entrar, por el momento, a indagar sobre las causas finales que impulsaron a tomar esta medida, debe decirse que también desde sectores de la burguesía local, alguna forma de devaluación no sólo era esperada, sino reclamada insistentemente desde hace tiempo. Basta con leer la prensa de derecha de los últimos meses, por ejemplo “El Mundo Económico”. Sin embargo no pueden confundirse las demandas del grueso de la burguesía local y sus patrones imperialistas con la orientación económica del gobierno. Aprovechando las dificultades económicas, derivadas de la crisis mundial y las (muchas) contradicciones de la gestión gubernamental, lo que aquellos sectores capitalistas pretenden es la vuelta al “libre mercado”, cuyo paso inicial sería a través de un “shock devaluatorio”, de mucha mayor magnitud que el decretado, seguido por un abandono definitivo del control cambiario.

Por el contrario, las recientes medidas cambiarias han reafirmado la continuidad de ese control con la novedad de sectorizar en dos áreas el comercio exterior, una de las cuales –la del dólar social – operará como una suerte de subsidio estatal para productos básicos de consumo, con el fin de amortiguar el impacto que las nuevas tendencias alcistas tendrán sobre el costo de vida.

Por eso no debe sorprender que las élites cuarto-republicanas atrincheradas en sus reductos de poder económico, institucionales y mediáticos arreciaran contra la nueva medida en cuanto fue anunciada, agitando en la memoria popular el fantasma de “otro viernes negro”, de la época en la cual ellos gobernaban y fueron responsables de la fuga de divisas del Banco Central, los vaciamientos bancarios, la gravedad del déficit fiscal y la enorme carga de la deuda externa.

El contexto económico actual es diametralmente opuesto, porque existe gran disponibilidad de reservas, el peso de la deuda externa en relación al PIB nacional ha disminuido sustancialmente y no se requiere “recurrir a los mercados internacionales” tomando deuda para financiar al Estado [3].

La realidad es que hace una década que la propaganda y las acciones de la derecha apuntan contra los contenidos antioligárquicos, democráticos y antiimperialistas del programa bolivariano y la política del Presidente Chávez. Simplemente que ahora tratan de arremeter nuevamente utilizando las contradicciones que encierran las recientes medidas, con el objetivo preciso de obtener en septiembre próximo el control de la Asamblea Nacional. 

Pero sería de un simplismo ingenuo negar esas contradicciones hasta que los efectos de las mismas estén a la vista. Sería un nuevo e innecesario regalo a la propaganda desestabilizadora de la derecha. Tampoco se pueden entender las recientes medidas sólo como adecuaciones técnicas circunstanciales o como una libre elección que hizo el gobierno de una alternativa frente a otras opciones posibles, para impulsar la producción agro-industrial.

Ninguna devaluación es socialmente neutra. La consecuencia inmediata es que se altera la relación interna de los precios de todas las mercancías, aún de aquellas que directamente no dependen del mercado externo [4], estableciéndose un cambio relativo de los precios internos. Desde el punto de vista social y a través de ese mecanismo de adecuación de los precios se produce paralelamente una modificación de la distribución del ingreso nacional, donde habrá beneficiarios y perjudicados.

Ubicar quienes quedan de un lado y de otro y hacer conciente a todo el pueblo de esa situación es tarea esencial para el futuro de la Revolución.

INFLACIÓN, RIQUEZA Y ESPECULACIÓN

El ministro de finanzas reconoció al momento de anunciar las medidas que las mismas tendrán un efecto inflacionario adicional, que estimó no sería mayor del 3 al 5 % anual. Esa inflación se origina en la necesidad que tendrá el BCV [5] de lanzar mayor cantidad de BsF a la circulación por cada dólar que ingresen a sus reservas.

Por ejemplo, si se supone que el precio de un barril de la cesta venezolana cotiza a 70 dls, cada vez que PDVSA liquidaba en el BCV, antes de las nuevas medidas éste debía entregar a la petrolera el equivalente en BsF de 2,15 x 70 = 150,5. En este intercambio, conocido como monetización, ahora la masa monetaria se duplica, puesto que el dólar petrolero tiene un equivalente de 4,30 BsF. La resultante final de este proceso es que la masa monetaria circulante global en el país se incrementa, por vía directa o indirecta.

Esta mayor masa circulante no significa que simultáneamente se haya creado una mayor cantidad de riqueza (en nuestro ejemplo mayor cantidad de petróleo) que la respalde. Por tanto, si la misma masa de riqueza se refleja en una mayor cantidad de moneda circulante, lo que ocurre en realidad es que cada unidad monetaria circulante, es decir cada BsF, tiene atrás de si menor valor, se produce una depreciación monetaria. Por tanto para acceder a una determinada mercancía, que encierra una cantidad determinada de trabajo social acumulado (valor), será necesario mayor cantidad de BsF que antes de la devaluación.

Como enseña la teoría y la experiencia histórica, se producirá una suba generalizada de precios. Esta situación es independiente de las conductas comerciales que adopten los sectores de la intermediación, sea que actúen como correctos ciudadanos limitándose simplemente a trasladar a sus compradores el porcentual de aumento al cual recibieron la mercancía, o como vulgares especuladores, que aprovechan la ocasión para sumarle aumento al aumento.

A esas últimas conductas antisociales se las puede combatir (parcialmente) con diversas formas de control (coerción) social y del Estado, pero ninguna acción represiva podrá evitar el alza de precios originada en la depreciación del BsF. Además, al producirse un movimiento general de todos los precios, y no solamente el de algunos sectores específicos de la economía, se ha creado un escenario económico ampliamente favorable para el desarrollo de la especulación, porque se quiebran todos los términos comparativos. Parte del debate político que deberían encarar las fuerzas revolucionarias y el PSUV en primer lugar, sería indagar el camino por el cual se llegó a crear este escenario desfavorable para el pueblo, que ahora todos debemos enfrentar y padecer.

La incidencia que tendrá en la depreciación monetaria el llamado dólar petrolero puede medirse si se recuerda que, según estimaciones, sólo PDVSA aporta a la renta nacional por todo concepto, el 47 % [6] y un altísimo porcentual de las divisas que ingresan al país Además, muchas otras actividades económicas contribuirán a monetizar la economía al precio del dólar petrolero.

Como se dijo, esta devaluación monetaria no será neutral o indiferente para los distintos sectores sociales y obviamente las personas. Las cargas generadas no se repartirán en forma pareja, lo cual es un nuevo problema coyuntural que se le suma a la Revolución, que desde los inicios del gobierno bolivariano viene realizando –con altibajos– enormes esfuerzos en políticas de inclusión social para aminorar la enorme desigualdad heredada, como lo atestigua en forma inapelable el descenso de los índices de pobreza, de pobreza extrema y de desempleo. 

Uno de los beneficiarios inmediatos de estas medidas será el Estado. Con la nueva diferencia cambiaria establecida, cada vez que el Estado liquide a través del BCV los dólares que provienen de los ingresos petroleros se incrementarán los recursos fiscales contabilizados en moneda nacional. De hecho, esto permitirá al Estado saldar la deuda pública interna – contraída en moneda nacional –en forma menos gravosa, con menor inversión de recursos reales. Naturalmente esto perjudicará a todos los sectores con los cuales el Estado tenga compromisos de pagos pendientes, lo cual incluye una parte de los trabajadores de la administración pública, de las empresas estatales y las cooperativas que prestan servicios al Estado.

Una parte significativa de esa deuda corresponde a los contratistas privados de la obra pública y otros servicios estatales. De allí que los ataques de la derecha y las cámaras empresarias se centren fuertemente en este aspecto porque, además de las razones políticas invocadas, actúan como voceros de la burguesía local, acostumbrada a las grandes ganancias que rinden esas contrataciones. 

LOS LATIGAZOS DE LA CRISIS

Era un secreto a voces que el único precio fijo de la economía venezolana en los últimos años era el del dólar administrado por el Estado a través de CADIVI [7] para las transacciones del comercio exterior, los viajeros y otras actividades reglamentadas. Pero como suele ocurrir en el mundo capitalista, especialmente en el ámbito de la economía, la distancia entre lo legal y lo real son siderales. Así venía ocurriendo con los precios internos de la amplia franja de productos importados, que no reflejaban el precio al cual habían sido comprados en dls en el exterior al cambio establecido.

Se generó una suerte de indexación inconfesada de los precios internos que siguieron el alza descontrolada del dólar especulativo del mercado negro, ilegal aunque tolerado, que con el nombre más presentable de dólar permuta se convirtió de hecho (aunque no de derecho) en el eje orientador para fijar el precio al público hasta del simple cafecito, que se cosecha en el país y no debe atravesar ninguna aduana.

Los hechos demuestran que ese mercado negro del dólar fue alimentado indirectamente por el propio Estado a través de los dólares otorgados al precio oficial a los importadores, quienes realizaron todo tipo de maniobra de sobrefacturación sobre el valor real de esas importaciones, especialmente las multinacionales en complicidad directa con sus casas matrices, y mediante triangulaciones bancarias reciclaron en el mercado negro los excedentes de dls que quedaban en sus manos después de pagar lo realmente importado. Esos sectores burgueses dispusieron así de una masa de dls para venderlos casi al triple de los 2,15 BsF por unidad al que lo habían recibido del Estado. También sectores de la banca privada se sumaron a esas maniobras mediante transacciones financieras más complejas.

En esas condiciones, este tráfico ilícito de divisas pasó a ser el mayor negocio de la burguesía venezolana y se acentuaron aún más las prácticas parasitarias tradicionales de sectores burgueses. 

La crisis mundial agravó esta situación, porque la presión por la demanda de dls resintió la capacidad de respuesta del Estado, que en 2009 dispuso de menor disponibilidad de divisas que en años anteriores por la conjunción de dos factores: la caída de los precios petroleros y la menor producción petrolera por los recortes acordados en la OPEP para contrarrestar esa caída de precios.

El Estado se vio obligado a restringir o espaciar la entrega de dls para la importación, acentuando la brecha entre el precio oficial del dólar y el del mercado negro, con lo cual se agravó la presión inflacionaria al acrecentarse la escasez de ciertos rubros, facilitando las maniobras de acaparamiento de los capitalistas y realimentando, en una suerte de círculo vicioso, la inflación. Esta situación conspiró contra el nivel de vida de la población asalariada, neutralizando parte de los efectos positivos de los planes sociales y las Misiones y afectó la política de crecimiento de la economía, en la cual se centra el esfuerzo del gobierno.

Esta ligazón de maniobras especulativas de importantes sectores del capitalismo local y crisis capitalista global presionaron sobre el gobierno popular de la Revolución, para obligarlo a retroceder de lo que los economistas de la derecha llaman el cepo cambiario. Esta es la forma que adquirió la lucha de clases en el terreno concreto de la economía.

El Presidente Chávez no se doblegó frente a esas presiones, regresando al pasado. Pero tampoco se dio un paso para avanzar por la misma senda trazada en 2005, cuando en momentos de crisis y sabotaje, se impuso acertadamente el control cambiario, frenando la fuga de capitales. Esta medida fue una palanca decisiva para el notable crecimiento económico, el más prolongado de la historia venezolana.

Habrá que buscar cuales fueron las razones políticas y las fuerzas sociales que impidieron mantener esa direccionalidad.

OPCIONES ECONÓMICAS Y ALIANZA DE CLASES

Retomar ese camino exitoso – en un contexto de contraofensiva imperialista en la región a partir del golpe hondureño y mayor presión del capitalismo mundial por la crisis – requería imponer la nacionalización del comercio exterior, es decir ir un paso más allá del dado en aquel momento. No sólo se trataba de controlar más y mejor el manejo que hacen los importadores y exportadores de las divisas, sino tomar la determinación de quitárselo en forma absoluta, desligando en el mismo acto los precios externos de los precios internos a través de la intervención del Estado. Con esta medida no sólo se hubiera evitado la especulación interna que se acaba de describir y la suerte de dolarización encubierta a la cual llegó la economía, un verdadero chantaje de “los mercados” al gobierno y al pueblo. Además, automáticamente se hubiese impedido que las fluctuaciones especulativas del mercado internacional se trasladasen a los precios internos. 

Esta opción, única en sintonía con acelerar la transición al socialismo, presuponía a la vez una definición concreta de las alianzas de clases sobre las que se apoya la Revolución. Se hubiese despejado el camino para aislar a los sectores más especulativos y parasitarios de los capitalistas, evitando que otros sectores burgueses no importadores y las capas medias adineradas, atraídas por las jugosas ganancias que se estaban obteniendo con el saqueo de divisas estatales, se sumen al mismo a través de los múltiples nexos que las distintas fracciones del capital establecen entre si.

La coerción ejercida desde el Estado contra la burguesía especuladora mediante la nacionalización del comercio exterior no hubiese conjurado totalmente el riesgo del desabastecimiento de ciertos rubros por la combinación de factores tales como a) resistencia de las cadenas comercializadoras privadas que verían recortar su lucro; b) debilidad de las nuevas cadenas comercializadoras estatales (PDVAL, MERCAL); c) ineficiencia de la burocracia estatal. Pero las ventajas logradas para la Revolución por la potencialidad política de una medida de ese tipo hubiesen sido infinitamente mayores que esas debilidades, que de cualquier forma deben ser combatidas.

Lo más importante es que se hubiesen unificado los intereses inmediatos del pueblo trabajador [8] –base social de la Revolución – con los de amplios sectores medios, especialmente los de ingresos fijos, que durante 2009 vieron achicar sus economías familiares al ritmo del alza de precios. Es decir, de hecho se hubiesen creado mejores condiciones objetivas para ampliar la base social de la Revolución, restando fuerzas a sus enemigos. Lo contrario ocurrirá ahora, porque como se verá inmediatamente, el alza de precios afectará también a los sectores sociales más comprometidos con la Revolución, abriendo mayores espacios en las filas del pueblo para el escepticismo y la propaganda enemiga. 

Además, desde el punto de vista práctico se hubiese reforzado la eficacia de medidas correctas que se pusieron en marcha, como el control de precios de venta de productos que satisfacen necesidades básicas, medidas que inevitablemente tienen un alcance limitado pese al esfuerzo que realiza INDEPABIS [9], porque sólo actúa contra las consecuencias de la especulación y la estampida de precios y no sobre sus causas de origen.

Un avance de la lucha de clases en esa dirección económica le hubiese dado continuidad a la voluntad política expresada por el pueblo el 15 de febrero de 2009, cuando al aprobar ampliamente en el referéndum la modificación constitucional que posibilita la reelección de Chávez, demostró no sólo su apoyo a la dirección estratégica del proceso, sino la decisión de afianzar la línea de ofensiva por el socialismo.

CONVOCANDO AL CAPITAL

Por el contrario, una alianza de otro carácter es la que comienza a levantarse con las nuevas medidas económicas. Sin duda bajo la enorme presión de la crisis capitalista se terminó imponiendo la propuesta más “realista” de sectores del gobierno, creando condiciones para un acuerdo entre el Estado y sectores del capitalismo local. Como respuesta a la caída del PIB del orden del 2,9 %, que fue aún más acentuada en el sector industrial no petrolero, un aspecto importante de las recientes medidas está orientado a frenar la amenaza de una recesión más seria, con sus inevitables secuelas sociales. Se establecen para un sector del empresariado ventajosos estímulos, con la intención de impulsarlos a forjar una alianza económica con el gobierno popular de la Revolución, cuya finalidad declarada es la mayor producción para aumentar exportaciones no petroleras y reemplazar en el mercado interno una parte de los rubros importados, ahorrando divisas.

En definitiva la política de ofensiva esperada y anunciada después de la enmienda e insinuada en numerosas decisiones del año pasado [10], se fue transformando, a lo largo del último año, en lo contrario, en una línea defensiva. En lugar de mayor planificación económica la perspectiva inmediata es más mercado, en lugar de más socialismo ahora se convoca a que florezca – al menos en forma transitoria – un capitalismo distinto al que se acostumbró a mamar renta petrolera estatal. Ahora desde el Estado se tutelará a nuevos empresarios que justifiquen su presencia por su dinamismo productivo y que obtenga sus ganancias por la explotación más eficiente del trabajo asalariado que emplean.

Mientras se afianza esta nueva alianza potenciada con un sector de la burguesía local, nada impedirá que el Estado siga orientado a cumplir sus fines sociales, aplicando políticas de contención contra la exclusión junto a medidas que amortigüen o neutralicen los efectos negativos de la devaluación sobre los salarios, un paso regresivo en la distribución del ingreso nacional [11].

Lo que será imposible de conciliar es el fortalecimiento de sectores burgueses, que inevitablemente se asocia a la expansión del capital, con la simultánea consolidación e implantación del espíritu igualitario que impregna a la Constitución del 99, que en forma más concreta está expresada, como propuesta política en el capítulo III del Proyecto Nacional “Simón Bolívar”- Primer Plan Socialista de la Nación 2007-2013, que proyecta avanzar hacia la Democracia Protagónica Revolucionaria.

El Presidente Chávez explicó esta incompatibilidad muchas veces con magistral simpleza, recurriendo a la novela “Los Miserables” de Víctor Hugo. La mayor desigualdad económica y la igualdad social marchan en direcciones enfrentadas. La ideología burguesa enmascara este desencuentro real tras la ficción de la igualdad jurídica entre las personas. Pero bajo el imperio de las reglas del mercado – aunque éste sea regulado y controlado por un Estado popular que hace esfuerzos distribucionistas –es inexorable que la presión del capital termine ahogando las tendencias sociales igualitarias.

Los múltiples ensayos fracasados a lo largo del siglo XX del populismo latinoamericano y la socialdemocracia europea son testimonios elocuentes que “la construcción de una sociedad justa y amante de la paz” [12] y la expansión de la burguesía son irreconciliables.

Ahora, mientras se engorda la fiera, habrá que reforzar los collares para contenerla.

¿Será el forzado paso atrás de un retroceso momentáneo de la Revolución para tomar mayor impulso? o por el contrario, ¿se inicia una fase de divergencia cada vez mayor entre las tácticas concretas implementadas y los objetivos estratégicos proclamados?; ¿será el comienzo de una separación entre los fines y los medios conducentes a lograrlo?

Problemática angustiante que aparece cuando se pretende un quiebre radical con el pasado. Bajo los embates de las clases enemigas, siempre debieron enfrentar esta disyuntiva las revoluciones que se propusieron crear un nuevo orden social.

Con la luminosidad de su pensamiento Rosa Luxemburgo lo analizó en profundidad frente a los dilemas de su época, cuando desnudó en Reforma o Revolución que la esencia del oportunismo comienza por justificar la escisión entre lo inmediato y lo histórico, entre el camino que se recorre y la meta que se propone alcanzar, entre la política concreta y los principios teóricos. Además, con certero flechazo, la enorme revolucionaria demostró que el oportunismo no responde únicamente a rengueras ideológicas sino a intereses de las clases no proletarias que forman parte de las fuerzas de la revolución.

En el caso bolivariano estos dos factores se entrelazan y como resultante emergen tendencias conservadoras dentro del bloque revolucionario, predispuestas “a no arriesgar lo logrado”, que tiene mayor peso en las instituciones del Estado y en las políticas que desde allí se proponen. Estas líneas se refuerzan por el predominio de aliados latinoamericanos reformistas, reacios a apoyar cualquier choque frontal con las burguesías y por la necesidad objetiva que tiene la Revolución Bolivariana de evitar el aislamiento internacional frente a la actual contraofensiva imperialista y su amenazante despliegue militar. 

AUMENTAR LA PRODUCCIÓN

El país necesita que aumente la producción tanto agropecuaria como industrial no petrolera. De hecho es un desafío que tiene planteado el gobierno bolivariano desde sus orígenes y un punto de ruptura con una pesada carga heredada de la vieja República que durante casi un siglo estructuró una economía subsidiaria de la exportación petrolera, con un abandono creciente de la producción. Pero además se necesita aumentarla porque creció el consumo interno de amplios sectores de la población, tanto por la elevación general del nivel de vida como por el proceso de inclusión de sectores antes marginados realizado por la Revolución.

Los sectores más débiles de la burguesía perjudicados por la llamada apertura y las políticas de ajuste neoliberales de los últimos gobiernos cuarto-republicano se sumaron inicialmente al llamado “portaviones” electoral del Polo Patriótico [13], atraídos por la perspectiva de protección e incentivos a la producción nacional levantada como bandera política por Chávez desde su aparición pública.

En esta larga década de gobierno bolivariano fueron innumerables las facilidades otorgadas a sectores empresarios para que realicen inversiones, entre las cuales debe mencionarse la regulación de las tasas financieras, la expansión de las contrataciones del Estado con el sector privado, diversas modalidades de subsidios a sectores específicos. Según estudios de economistas, el sector privado participó en la fase de crecimiento de los últimos años en mayor proporción que el estatal, lo cual quiere decir que también se incrementó su masa de capital[14], sin que puedan encontrarse inversiones importantes en la producción de bienes.

Sería necesario hacer un balance de las relaciones de los sectores capitalistas con el gobierno del Presidente Chávez, porque a pesar de los beneficios logrados, en términos generales no han hecho más que repetir sus históricas prácticas parasitarias ajenas a la inversión productiva, dando la espalda a los múltiples intentos del gobierno para establecer acuerdos para incrementar la producción.[15] Es evidente que las expectativas oficiales están puestas en que esta vez se logre quebrar estas prácticas y revertir el modelo de una economía subsidiaria de la renta petrolera .

La burguesía venezolana, al menos aquellos sectores con incidencia real en el conjunto de la economía, siempre encontró argumentos oportunos para justificar esa conducta: inseguridad jurídica, falta de garantías para la inversión frente a un Estado cada vez más fuerte, falta de rentabilidad; el último fue la sobrevaluación de la moneda venezolana frente al dólar.

Desde el punto de vista de los cálculos económicos es cierto que con la reciente devaluación la producción local se hará más competitiva en el mercado exterior, porque caerá su costo medido en dls, lo cual facilitará su colocación más allá de las fronteras del país. Desde ese mismo punto de vista, es cierto que ocurrirá lo inverso con los productos importados, se encarecerán, actuando esta medida, en la práctica, como una protección arancelaria para la producción local destinada al consumo interno. Así funciona en las economías capitalistas, en las cuales está asegurada en todos los órdenes [16] la hegemonía del capital y el poder de la burguesía garantiza la reproducción global del sistema. 

Resta comprobar si en medio de una aguda disputa por el poder, como la que existe en Venezuela, las reglas del cálculo económico se impondrán sobre la lucha de clases. Dicho de otro modo: en los próximos meses los hechos demostrarán si el interés inmediato de sectores burgueses por la ganancia tiene mayor peso que su temor histórico a subordinarse a un Estado que por boca del Presidente acaba de anunciar que en el socialismo venezolano el sector de la propiedad social será el que tendrá la hegemonía en la economía nacional [17]. Además, en momentos que se intensifica la acción punitiva del Estado contra la especulación [18], cuestionando el valor absoluto que la burguesía pretende darle al derecho de la propiedad privada. 

Así como el capitalismo necesita del poder político de la burguesía, la hegemonía de la propiedad social está indisolublemente ligada a que las clases explotadas asuman el control de las palancas del poder. No es un problema que se resuelve con medidas económicas sino en el terreno de la lucha de clases, la lucha política. Por eso, este anuncio presidencial presupone una notificación para los sectores empresariales, sean grandes o pequeños: deberán subordinarse al control de esas clases explotadas y verse obligados a ceder con fines sociales una parte –mayor o menor – de la plusvalía obtenida. Ninguna experiencia histórica indica que esto último haya ocurrido pacífica y voluntariamente.

…Salvo que los sectores capitalistas apuesten o perciban que entre el enunciado presidencial y su realización práctica queda todavía un amplio espacio de maniobra como para evitar que realmente el poder se desplace hacia las clases explotadas y que el extenso y gravitante sector estatizado de la economía permanezca como hasta el presente, sometido a las decisiones de las capas de funcionarios que controlan el aparato estatal, con perspectiva de perpetuarse como simple capitalismo de Estado, con el cual siempre existe la posibilidad de asociarse para los buenos negocios.

Una vez más, para estimular al sector privado al esfuerzo productivo se ofrecen apoyos materiales desde el Estado, a través de un fondo especial creado para ese fin y cuyos recursos provendrán de los mayores ingresos monetarios que la devaluación cambiaria dejará en manos del Tesoro Nacional. Nuevamente una parte sustancial de la acumulación originaria de capital necesaria para negocios privados saldrá de los fondos públicos. Se ve claramente que entre los beneficiarios de las recientes medidas debe anotarse a esta burguesía que promete ser productiva y a los pequeños productores que se preparan para ser empresarios. 

Se han puesto en marcha las líneas de acción para que bajo el manto del Estado sectores capitalistas desarrollen una parte del aparato productivo que requiere la sociedad. La otra parte del aparato productivo, de mayores dimensiones y peso económico, se las reserva el Estado. Supuestamente ambos sectores deberían complementarse, pero el vínculo entre los mismos seguirá estableciéndose a través de las reglas ciegas del mercado sujetas a la oferta y la demanda, que es en definitiva donde se establece la distancia –mayor o menor – entre el precio y el valor real de los bienes. También es el mecanismo habitual mediante el cual sectores capitalistas logran apropiarse de una parte extra de la plusvalía general, que en realidad no contribuyeron a crear.

No hay nada nuevo bajo el sol decían los antiguos. Bajo las nuevas condiciones de crisis del siglo XXI reaparece un viejo esquema de larga tradición en Latinoamérica, en cuyas raíces se encuentran los antiguos anhelos proteccionistas de las burguesías débiles de los países dependientes. Con diversas variantes políticas, con más espíritu conservador que innovador, dieron origen desde los años 40 a los múltiples ensayos del llamado desarrollismo, cuya teorización original se acunó en la CEPAL y que se enquistó fuertemente en la pequeña-burguesía antiliberal de los círculos académicos, desde los cuales se trasvasó, envuelto de lenguaje antiimperialista, a sectores de izquierda.

Habrá que comprobar en los próximos meses si con las nuevas medidas el entusiasmo productivo de estos sectores capitalistas llega al punto de impulsarlos a realizar inversiones a su cuenta y riesgo, que es el mecanismo normal bajo el capitalismo. Por ejemplo, habrá que ver si los exportadores, que ahora podrán disponer del 30 % de las divisas que generan, en contraposición al 10 % con el que se quedaban antes, las utilizarán para ampliar las inversiones o para engordar el mercado paralelo y sus bolsillos.

En los próximos meses también se verificará si los subsidiados productores que destinarán sus mercancías para el consumo interno estarán dispuestos a ajustar el precio de las mismas al nivel adquisitivo del promedio salarial de los trabajadores venezolanos o pretenderán ajustarlos a los indicadores especulativos como el dólar paralelo.

Teniendo en cuenta que los tradicionales y más poderosos sectores industriales, financieros, comerciales y agropecuarios, están abiertamente alistados en la filas de la contrarrevolución y en la política del libre mercado, en los próximos meses podrá saberse si este nuevo sostén estatal a capas de la burguesía tendrá o no una incidencia significativa en el conjunto de la economía venezolana, no sólo en cuanto a inversiones reales, sino en cuánto a ocupación de mano de obra, a creación de saldos exportables, al ahorro de divisas por la importación y a contribución al crecimiento de la economía. Una nueva decepción con los estímulos a los “emprendedores” sería una enorme oportunidad a favor de la contrarrevolución. .

EL FACTOR HUMANO

Romper la dependencia del país de los vaivenes de la producción petrolera es una vieja aspiración que levantaron diversos sectores sociales y variadas fuerzas políticas desde antes de la aparición del movimiento bolivariano. El hecho cierto es que casi medio siglo de gobiernos adeco-copeyanos no hizo más que aumentar esa dependencia y la Revolución todavía no pudo quebrarla. Como ya se dijo, ampliar y diversificar la producción sigue siendo un reto para el proceso bolivariano y esto está asociado al impulso de las fuerzas productivas. Esta necesidad irrumpió en el debate político.

Uno de los caminos hacia el error es afirmarse en hechos ciertos para llegar a conclusiones que no se derivan “naturalmente” de los hechos que se citan. Así ocurre con el uso recurrente que se está haciendo sobre la necesidad de desarrollar las fuerzas productivas para superar la dependencia del modelo vigente. Inmediatamente se asocia desarrollo de las fuerzas productivas únicamente a las inversiones de capital y las innovaciones tecnológicas necesarias y de allí se deduce que es necesario crear estímulos para quienes estén dispuestos a realizarlas. Aparece una suerte de pensamiento circular según el cual para quebrar al capitalismo que succiona renta del Estado, el Estado debe seguir apoyando a capitalistas… menos parasitarios.

Aunque no se lo diga en forma explícita, detrás de esta visión asoman los residuos ideológicos de las viejas y derrotadas tesis de la Revolución por etapas en los países dependientes y semicoloniales, según la cual, por inmadurez de sus fuerzas productivas, en estos países era inviable una rápida transición al socialismo. Si alguna enseñanza positiva dejaron los frustrados intentos de revoluciones socialistas del siglo pasado es que una economía planificada, basada en la propiedad social, tiene mucha mayor potencia para el desarrollo de sus fuerzas productivas que el régimen capitalista de producción.

Llamativamente, en el debate que recién se inicia no se menciona el papel que el trabajo humano, que es el componente fundamental de las fuerzas productivas, debería cumplir para desarrollarlas en la actual coyuntura. Sin el trabajo humano ni la inversión, ni la tecnología serviría de nada. Por omisión podría entenderse que todo se reduciría a la creación de empleo, a esperar que nuevas y mayores empresas demanden mayor cantidad de mano de obra. Bajo esta visión reduccionista de las fuerzas productivas, el papel del trabajo humano, de hecho, se concibe únicamente como fuerza de trabajo, que es la forma a la cual lo sometió el capitalismo, así como anteriormente lo fue la esclavitud.

No hace falta rastrear en la historia para entender el papel que los trabajadores – en amplia acepción del término – pueden cumplir en la recuperación y creación del aparato productivo. En el breve curso de la Revolución Bolivariana lo han demostrado, pese a las múltiples contradicciones que se observan en las políticas estatales y a las debilidades de las propias organizaciones de trabajadores.

En tanto que los distintos sectores de la burguesía no dan un paso sin pedir estímulos, condiciones adecuadas y garantías a sus inversiones, los trabajadores han respondido en momentos difíciles a las necesidades de la Revolución, con trabajo voluntario y reconocimientos morales. Así ocurrió en la crisis de la industria petrolera desatada por el sabotaje de la contrarrevolución, así ocurrió más recientemente en la recuperación y reapertura de la sardinera “La Gaviota”. En estos años pueden encontrarse muchos otros ejemplos, que no es del caso citar. Si en muchos casos se fue perdiendo el espíritu inicial con el cual los trabajadores asumieron la producción, demostrando que “no tienen nada que perder, salvo las cadenas”, se debió fundamentalmente a una combinación de incomprensión e interferencias de las capas de funcionarios estatales actuantes con las limitaciones sectarias de los grupos sindicales.

En la actual fase del el proceso bolivariano la batalla por la producción está ligada inexorablemente al papel que asuman los trabajadores en general y en particular en las decisivas empresas nacionalizadas. Del papel que los trabajadores asuman depende sustancialmente la resolución de la actual encrucijada en que se debate la Revolución democrática, antioligárquica y antiimperialista: si deriva hacia un capitalismo de Estado con su costra política burocrática o si inicia la transición al socialismo en la perspectiva del pueblo constituyéndose en Estado, a través de un real Poder Popular.

Bajo el fuego de la contrarrevolución, la Revolución debe resolver esta disyuntiva y los tiempos de la historia son breves.

A diferencia de las distintas fracciones burguesas o de las clases medias, que miran su destino a partir del interés inmediato y reclaman garantías, corresponde una vez más a los trabajadores y sectores explotados del pueblo asumir sobre sus hombros el futuro de la Revolución, a pesar que con las recientes medidas su interés inmediato no resulta beneficiado, porque sólo una perspectiva socialista es la que puede evitar la mayor miseria y desocupación que la crisis capitalista está sembrando en el mundo. Si los trabajadores logran asumir este desafío demostrarán en los hechos que son la única clase realmente comprometida con el interés nacional y como tal podrá hacer valer su derecho a ocupar el papel dirigente en la Revolución. 

Para eso es necesario unir las definiciones programáticas socialistas del Comandante Chávez – único dirigente con la legitimidad necesaria para unificar grandes sectores del pueblo – con la acción de los trabajadores para proponer una perspectiva de clase en los planes gubernamentales. Más allá de trabas y obstáculos burocráticos de los estamentos de funcionarios, los trabajadores deben tener la decisión de convocarse para comenzar a debatir su papel en la producción, en el desarrollo de las fuerzas productivas, en la gestión eficiente de las empresas nacionalizadas y en el control de los verdaderos costos de producción en las empresas privadas [19], evitando así el saqueo capitalista al conjunto del pueblo través de los precios abusivos.

La formación de Consejos de Trabajadores en las empresas, que se está impulsando desde distintos sectores bolivarianos, sólo tendría sentido si asumen como centro de su accionar este debate con el conjunto de trabajadores, en la forma más extendida y democrática posible. De lo contrario serán, si se concretan, una nueva trampa organizativa carente de contenido político, que no contribuirá a la unidad de clase obrera sino a su mayor dispersión. O lo que es peor, será un semillero donde germinen nuevas cúpulas burocráticas que terminarán cobijadas a la sombra de los funcionarios estatales de turno, ahogando cualquier vestigio de autonomía y autenticidad que surja del seno de los trabajadores. 

Este debate puede comenzar inmediatamente sin necesidad de inventar previamente ninguna instancia organizativa. Alcanzaría con que los distintos sectores que actúan en el movimiento obrero – el sindicalismo que se reclama de la Revolución, los distintos agrupamientos no sindicales de los trabajadores surgidos en los últimos años y las patrullas sectoriales del PSUV – comprendan la trascendencia histórica del mismo y decidan ponerse al frente de esta batalla, comenzando por asambleas locales y regionales hasta confluir en un Convocatoria Nacional de Trabajadores para la producción socialista, para debatir junto al Comandante Chávez, una propuesta para que los trabajadores asuman la producción.

Esta tarea de unificación de los trabajadores alrededor de un programa para la transformación socialista en la producción necesariamente deberá confrontar con conductas políticas heredadas del pasado y enraizadas en sectores de trabajadores, que aún domina algunos de estos grupos, que persisten en prácticas de caudillismo y autopromoción, acuerdos súper-estructurales de pequeños grupos de presión, donde los intereses grupales se sobreponen a los generales.

La unificación política de la clase trabajadora tras estos objetivos esenciales que se necesitan resolver en la actual coyuntura, contribuirá a que la Revolución acelere el tránsito de una forma más equitativa de la distribución – que garantizó las conquistas sociales de estos años – a una forma de producción no capitalista que asegure el empleo y reduzca a su mínima expresión las múltiples formas de explotación existentes [20].

Pero también será un poderoso estímulo para la mayoría del pueblo, que todavía espera confiado, aunque retraído, que el protagonismo político de estos años se refleje en su participación directa en las decisiones de todos los niveles del Estado.

 

CONTRADICCIONES EN LA TRANSICIÓN

La oposición interna derechista proclama a los cuatro vientos – amplificada por las cadenas mediáticas imperialistas – que el chavismo está perdiendo terreno porque crece la decepción popular con la Revolución. Afirmados en ese diagnóstico preparan el asalto al gobierno como primer paso para recuperar los espacios de poder que perdieron en estos años. Aunque en sus hipótesis no excluyen ninguna vía para lograr ese objetivo, incluido un conflicto bélico con Colombia, parecería que en la actual coyuntura se impondrá la táctica electoral, por ser la más próxima y la de menor costo político.

Pretenden utilizar la superestructura institucional para trabar las transformaciones estructurales requeridas en la fase de transición al socialismo Para eso necesitan obtener en septiembre el control de un poco más del 33 % de la Asamblea Nacional, para frenar la adecuación de las leyes a las necesidades del avance de la Revolución..

Para que esta apuesta sea exitosa, la oposición cuenta con la adhesión incondicional de los sectores sociales que se creen amenazados por la irrupción popular; visceralmente anticomunistas y en especial anticastristas. Pero como cuantitativamente esa fuerza es insuficiente, necesita, además, del retraimiento de un sector significativo de las fuerzas populares, como ocurrió en diciembre de 2007 con la frustrada reforma constitucional.

Desde esta perspectiva, a la oposición le alcanza con manejarse dentro de los escenarios habituales de la política burguesa, puesto que su finalidad última no es otra que utilizar los resquicios constitucionales para retroceder a la república burguesa controlada por las viejas elites.

Para la Revolución la situación es sustancialmente distinta, porque necesita con urgencia avanzar hacia un nuevo Estado de democracia directa, con base en el Poder Popular, superando la conformación del actual Estado en descomposición, en el cual se entrecruzan – en un entramado no siempre fácil de diferenciar – las viejas estructuras y sus prácticas con las nuevas, que recién asoman y están demoradas.

La derecha cumple sus fines desalentando y confundiendo a las masas. A la Revolución no le basta con mantener la adhesión pasiva de una mayoría, porque para la transformación del Estado necesita de la actitud militante consciente y cotidiana de una nueva y masiva vanguardia que comenzó a gestarse junto al propio proceso bolivariano, con muchas deficiencias heredadas, pero como una inocultable realidad que concita los ataques de las burguesías locales e internacionales contra “el populismo”.

La justificación histórica del PSUV es consolidar esa vanguardia inorgánica en una fuerza revolucionaria permanente, con enunciados programáticos que superen las ambigüedades sociológicas del academicismo, estrategia definida para la transición socialista, organización unitaria en la acción que consolide a la vez la pluralidad del pensamiento revolucionario y una vida interna que garantice el profundo sentido de participación democrática que el pueblo hizo suyo con la Revolución Bolivariana.

Fue el pueblo en actitud militante el que lanzó y salvó a la Revolución. Sin la revuelta popular del 89 difícilmente hubiese aflorado la rebeldía militar en el 92. Sin la fuerza de un fervor popular inédito en el país, en 1998 Chávez no hubiese logrado que la oligarquía reconozca su primer triunfo electoral. Los años críticos de los sucesivos golpes de 2002 y 2003 fueron superados por la actitud militante, casi espontánea, del sector más explotado del pueblo. La Revolución pasó a la ofensiva después del 15 de agosto de 2004, con la ratificación de Chávez en el referéndum, porque el pueblo – a través de las UBE [21] de entonces– fue un verdadero ejército político desplegado. El mismo despliegue popular aseguró en 2006 no sólo la reelección presidencial, con un porcentual inédito de votos, sino la aprobación democrática de la necesidad que la Revolución se transforme en socialista.

Sin esa irrupción del pueblo en todas las esferas de la vida social, pero particularmente en la creciente democratización del ejercicio directo del poder político por el mismo, la transición al socialismo es inconcebible. De allí que la consolidación del Poder Popular, en la forma específica de la comunas territoriales, es la llave decisiva para este tránsito. Sin embargo puede constatarse que cuando esa necesidad de militancia del pueblo es más urgente e imperiosa, se observa una creciente desmovilización en comparación con los períodos anteriores de la propia Revolución, antes mencionados. Esta es la mayor contradicción de esta coyuntura política.

Esta realidad, que comenzó a percibirse desde antes de la derrota de la reforma constitucional, aún no se ha revertido pese a distintas propuestas y planes, como las políticas de las 3 R [22], lanzados por Chávez y a la política de ofensiva declarada tras el último triunfo electoral del 15 de febrero. Pueden aventurarse distintas opiniones sobre las razones de esta situación, pero es indudable que la brecha entre las demandas e iniciativas de los sectores populares para solucionar sus necesidades y las respuestas que obtienen de los distintos niveles de funcionarios (alcaldes, concejales, gobernadores, enviados ministeriales) se ha ido agrandando en la mayoría de los casos, en lugar de estrecharse.

Estas prácticas regresivas de parte importante de la dirigencia política intermedia, devenida en funcionarios de Estado, ha creado así un terreno fértil para que crezca el escepticismo, abonado por la presión mediática de la derecha y el creciente accionar de sus personeros en algunos barrios. 

Sería erróneo atribuir esta situación al natural reflujo de masas que soporta toda revolución después de las grandes batallas. Por el contrario, en el caso bolivariano, las grandes batallas anteriores no llevaron al desgaste del pueblo ni se ganaron a costa de resignar condiciones concretas de vida, como fue el caso de otros procesos revolucionarios. Por el contrario, sirvieron para un mejoramiento general de los sectores más pobres. Este mejoramiento pudo traducirse rápidamente en mayor cantidad de votos, pero no supone automáticamente mayor elevación de la conciencia política.

El desarrollo de la conciencia política de amplios sectores del pueblo pasó a ser un problema crucial en esta fase de transición, directamente vinculado a la posibilidad de desarrollo del Poder Popular.

La burguesía gobierna en nombre del interés general pero da prioridad y asegura los intereses sectoriales de su clase. Por el contrario, el pueblo constituido en Estado está obligado a gobernar asegurando realmente ese interés general, entendido como los intereses de la gran mayoría de las clases no explotadoras. En función de estas diferentes perspectivas distintas son las conductas políticas y la conciencia que las impulsa.

En tanto que en las repúblicas burguesas las decisiones centrales quedan en manos de las cúpulas que responden a los intereses de las distintas fracciones de su clase, bajo el pueblo ejerciendo el poder, las demandas sectoriales inmediatas deberán subordinarse a los planes de interés general de mayor alcance, aún al precio de sufrir postergaciones, con la condición que esos planes sean el resultado de la decisión democrática del propio pueblo. Este punto, que es una diferencia sustancial, marcará la distancia entre el Poder Popular y la república burguesa.

Aunque con la Revolución Bolivariana mucho se avanzó en el desarrollo de la conciencia política colectiva, en la coyuntura actual es imprescindible dar un salto cualitativo en ese plano, por las tareas planteadas al pueblo para la concreción del Poder Popular. En forma concreta significa pasar del predominio abrumador que aún tiene la conciencia percibida como hecho individual aislado, que es uno de los mayores lastres que dejó casi un siglo de dominación petrolera, al surgimiento de una nueva conciencia solidaria, basada en la necesidad del quehacer colectivo, de una nueva práctica social y de la reflexión social sobre esa práctica.

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La lucha cotidiana y constante contra esa pesada herencia individualista, que también tiene múltiples expresiones al interior de las propias fuerzas de la Revolución, es la única posibilidad de avanzar hacia una sociedad en la cual comience a hacerse realidad que “cada cual aporta según su capacidad y recibe según su necesidad”.

La Revolución Bolivariana aún no ha dado este paso trascendente más que como enunciado abstracto, que muchas veces colisiona con los hechos que percibe el pueblo. Sobre esta base el escepticismo puede transformarse en desmovilización. 

La derecha utiliza este vacío para desanimar a las masas. En momentos que está planteada la necesidad de quitarle el poder a la burguesía real, la histórica, la que controla todavía palancas fundamentales del país como bancos, financieras y cadenas comercializadoras, la derecha redobla el fuego contra los nuevos privilegiados surgidos al amparo del Estado, con negocios lícitos o no, popularmente conocidos como boliburguesía, para tratar de demostrar que erradicar la desigualdad, la de antes y la actual, es mera utopía colectivista.

Del lado de la Revolución a menudo se cae en la trampa ideológica de reducir esta lucha a un imperativo ético, al proceso de consolidación de una nueva moral revolucionaria, más altruista e incorruptible, sin asociar que corruptibilidad y negocios privados van asociados a la existencia de un Estado estructurado para mantener vigente la dupla explotados-explotadores.

No se trata de hacerse el distraído sobre los actos concretos de corrupción, que deben ser juzgados políticamente por el movimiento popular, sin depender del castigo o absolución de jueces que, en gran parte, son hijos del mismo engranaje corrupto del antiguo régimen. Pero no se puede ignorar que una nueva moral social no es la suma de conductas individuales honradas, sino que sólo es posible y se generalizará cuando se comience a eliminar el Estado de las clases explotadoras.

La lucha por eliminar ese Estado es una demanda permanente del Comandante Chávez a las fuerzas bolivarianas y a los funcionarios. A través de la creación de comunas se están organizando nuevas unidades político-territoriales, concebidas como la estructura básica para crear una “nueva geometría del Poder”, superadora de la artificiosa división territorial heredada, que refleja los intereses políticos del caudillismo burgués. 

Desde el gobierno, a través del ministerio respectivo, se está haciendo un gran esfuerzo humano y de recursos para que estas comunas sean a la vez expresión de la nueva organización popular y la base de una nueva economía asentada en la propiedad social de esas comunidades sobre unidades productivas y de servicios que se están creando.

La Revolución Bolivariana ha hecho una apuesta a este camino para terminar de arrinconar al viejo Estado burgués, que desde el 99 perdió parte de su soporte legal con la Constitución, legitimidad política por la irrupción del pueblo en escenarios que antes le estuvieron negados, fuerza institucional por la creación bolivariana de nuevas estructuras estatales, pero que conserva en su auxilio gran parte de las viejas relaciones de producción y un enorme peso en las superestructuras culturales e ideológicas.

Esta dualidad de prolongada coexistencia, entre el viejo Estado en retroceso y los elementos que se desarrollaron del nuevo, fuertemente apoyados desde la cabeza del Estado, han fortalecido en algunos sectores bolivarianos la idea que la incompatibilidad entre ambos se resolverá como una confrontación de largo plazo, donde terminarán prevaleciendo las bondades de la nueva organización social, más justa y solidaria, de modo que servirá de ejemplo para impulsar un avance generalizado en ese rumbo.

La reciente propuesta de creación de “espacios socialistas”, que prefigurarían la nueva sociedad, forma parte de esta visión gradualista del conflicto entre los dos Estados, atrás de la cual se esconde una simplificación de la complejidad de la lucha de clases.

Es justamente esta coexistencia asimétrica de dos formas de Estado la expresión más aguda de la lucha de clases en Venezuela. En tanto ésta se mantenga irresuelta, su resultante tiene efectos negativos para el pueblo. Entre otros muchos aspectos, una de esas expresiones negativas es la baja eficiencia en la acción gubernamental, pues las políticas del Estado se programan y orientan hacia objetivos sociales y se ejecutan mediante una gestión tradicional, más cercana a la de la empresa privada que a la de un Estado popular, con lo cual se esterilizan excelentes proyectos y se anula la inversión de recursos

Por eso, si el conflicto de clases alrededor del Estado no encuentra una pronta definición a favor de un nuevo Estado revolucionario, que imprima un giro decisivo a la gestión pública con centro en el protagonismo del pueblo, los nuevos enclaves socialistas que se intentan desarrollar, difícilmente tendrán la fuerza suficiente como para rodear y enterrar al viejo Estado.

Esta tarea sólo será resuelta si irrumpe una nueva oleada de movilización popular, apoyada ahora en un mayor nivel de organización y experiencia política del pueblo que las precedentes. Sería suicida confiar y esperar que, como en las anteriores coyunturas, sea el látigo de la contrarrevolución el que desencadene otra respuesta popular casi espontánea, entre otras cosas, porque la derecha internacional está trabajando a toda máquina contra la Revolución Bolivariana. 

Los Consejos Comunales, organizados para dirigir las nuevas comunas, podrán jugar un papel importante en preparar ese nuevo salto si realmente cumplen con su doble papel, de organización popular democrática de las bases populares y de centro de dirección de una incipiente economía de producción social.

Para lograrlo deberán desprenderse de la tutela y los recursos del propio Estado que los está gestando y nutriendo; deberán derrotar las tendencias mercantilista que muchas veces anidan en su interior; y deberán ser capaces de enfrentar a las trabas que los representantes locales de ese viejo Estado – sean alcaldes o gobernadores – ponen a las iniciativas populares, tratando que los indecisos se encuadren armónicamente con el pueblo en la construcción del nuevo Estado, que se definan claramente por la derecha los caudillos locales que reproducen la vieja política y que los de la derecha pierdan los espacios institucionales que aún controlan. 

No se trata de caer en una nueva ilusión, creyendo que una red de Consejos Comunales que cumplan acabadamente su papel solucionarán la transición al nuevo Estado revolucionario. Pero es indudable que un desarrollo de las comunas en esta dirección será un poderoso factor para que las masas recuperen la iniciativa, para consolidar los vínculos entre ese pueblo y la dirigencia bolivariana en un nivel más alto que en las fases anteriores del 2002-3.

Las tareas para preparar el triunfo bolivariano en la próxima contienda de septiembre es un excelente escenario para trascender lo meramente electoral, desplegando estas inmensas fuerzas del pueblo, preparando esa ofensiva desde las comunidades, que junto al debate de los trabajadores sobre la producción y la dirección estratégica del Comandante Chávez, logre escribir bajo el signo socialista la parte de la historia aún inconclusa de la Revolución Bolivariana.

Los pueblos latinoamericanos lo necesitamos. 

  Febrero, 15 de 2010